Hace casi un cuarto de siglo que comenzó la recuperación de las instituciones democráticas, después de la noche más oscura de la historia argentina reciente. Entonces, las universidades públicas comenzaron a adecuar sus propias normativas a las exigencias de los nuevos tiempos. Algunas ampliaron la base de participación incluyendo a los trabajadores no docentes en sus órganos de gobierno, de diversas formas. La UNLP reformó el Estatuto en 1986, e incluyó a dos compañeros con voz pero sin voto en el Consejo Superior, designados por la entidad gremial representativa, ATULP, en calidad de invitados. 

Años después todas las voces –también la nuestra- se alzaron contra el proyecto de Ley de Educación Superior, por entender que avasalla la autonomía de las universidades nacionales. Sin embargo, fue discutida y aprobada por el Congreso y sancionada por el Poder Ejecutivo, en un esquema en el que éste no imponía tan contundentemente sus designios sobre aquel como ahora. La Ley 24.521 emplazaba a las universidades públicas a adecuar sus estatutos. Casi todas las UUNN que adecuaron su normativa entonces, incorporaron en forma plena, con voto, a los trabajadores no docentes en sus órganos de gobierno. Tres universidades públicas rechazaron la LES y no adecuaron a ella sus estatutos: la UBA, la UN de Entre Ríos y la del Comahue. La UNLP, tras fracasar el planteo de inconstitucionalidad, convocó en diciembre de 1995 a la Asamblea Universitaria para febrero de 1996 con el propósito de efectuar las modificaciones más urgentes al Estatuto, dejando para una nueva convocatoria a realizarse a más tardar en octubre de ese año, las modificaciones que la comunidad universitaria de La Plata consideraba necesarias. La Asamblea de febrero sesionó en medio de un escándalo público, la reforma sirvió para que el entonces Presidente de la UNLP consiguiera acceder a un tercer mandato como si fuera el primero y los trabajadores no docentes fuimos incluidos a razón de un representante con voz solamente en cada Consejo Académico, dos en las mismas condiciones en el HCS y ninguno en la Asamblea. La Asamblea prevista para octubre no se realizó. 

El Poder Ejecutivo observó total o parcialmente 16 artículos del Estatuto de la UNLP, yendo a parar el trámite judicial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se pronunció hace muy pocos días, convalidando lo actuado por la Asamblea del 96. Claro, ni el Poder Ejecutivo ni los miembros de la Corte son los mismos que en el 96. Pasaron muchos años y tanto entonces como ahora, los trabajadores de esta Universidad nucleados en ATULP planteamos a nuestra comunidad universitaria la necesidad de ampliar la base de participación e incorporar a los no docentes en forma plena, igualitaria y sin restricciones en todos los órganos colegiados de gobierno de la UNLP. 

Por qué incorporar a los trabajadores no docentes al cogobierno? Es una pregunta que puede tener numerosas respuestas de todos los actores de la vida universitaria, además de las que podemos fundamentar nosotros mismos como trabajadores de la UNLP y militantes de la organización sindical representativa, que son el resultado de muchos años de debate interno y del legado recibido de quienes han dejado su vida en ATULP, cuyo ejemplo nos ilumina. Somos parte de la Universidad Pública, que es del Pueblo de la Nación que la sostiene con sus impuestos. Somos custodios de su patrimonio y garantía de legitimidad de sus actos. Sumamos cotidianamente nuestro esfuerzo para la marcha de la institución.  

Quienes retengan datos de la historia reciente pueden certificar que los trabajadores aportamos a mantener abierta y funcionando la Universidad durante la crisis más fuerte que azotó a la Argentina cuando se desmoronó la ficción del “uno a uno”. Pocas universidades públicas pudieron conseguirlo. Con el poder adquisitivo de nuestros salarios (congelados por más de diez años y que cobrábamos cuando el Ministerio quería mandar el dinero) reducido a menos de un tercio. La mayoría de los oradores en  la Asamblea Universitaria reunida para expresarse contra el recorte del 13 % impuesto por De la Rúa y Cavallo, se expresó a favor de nuestra incorporación plena e igualitaria en el cogobierno y el tema se incorporó en la Declaración de esa Asamblea del 1/9/01. 

Nuestro reclamo recoge y expresa la aspiración de la mayoría de los trabajadores de la UNLP y la meta es obtener la incorporación plena e igualitaria y sin restricciones en todos los órganos de gobierno de la UNLP de los trabajadores no docentes como estamento, no como sindicato.  

ATULP expresa la demanda, consciente del compromiso que significa -para la organización sindical- asumir que participen representando a los no docentes en el cogobierno compañeros que no necesariamente interpreten al gremio.    

Hemos transitado períodos de enfrentamiento, a veces muy fuertes, de ATULP con la conducción de la UNLP. La Asamblea del 20 de febrero del 96 nos encontró saliendo de uno de esos períodos de desencuentro. En los años que siguieron, los trabajadores dimos sobradas muestras de madurez: en el ámbito de la Convención Colectiva de Trabajo (paritaria) fuimos construyendo e instalando una cultura orientada a alcanzar consensos, trabajando cotidianamente por el bienestar y el progreso de los compañeros en la Universidad y consecuentemente de la Universidad. Nuestro aporte decidido a la recuperación del Comedor Universitario cerrado a mediados de los ’70 y desmantelado por la Dictadura, traducido en el acompañamiento a todas las gestiones que emprendieron los compañeros estudiantes desde 2001, en nuestra participación en todas las gestiones ante el Ministerio, en el ofrecimiento de nuestro local para que allí pueda funcionar una boca de atención y nuestra iniciativa y protagonismo en las tareas de observación externa y guardias edilicias que se cumplen desde hace tres años en toda la UNLP, son algunos ejemplos de lo que decimos. Las estrategias de capacitación formal y no formal hoy disponibles para nuestros compañeros, son el resultado de nuestra iniciativa. Convencidos del valor que representa el conocimiento, de que somos los trabajadores de una universidad pública que investiga, que enseña, que transfiere, que aprende, y que debemos alcanzar el máximo nivel de capacitación que nos sea posible no sólo para beneficio nuestro sino también para nuestra Universidad. Hace menos de seis años había trabajadores de la UNLP que no habían terminado su educación primaria; desde nuestra organización gremial armamos un convenio con la cartera educativa provincial, habilitamos las aulas de nuestro local sindical y hoy podemos decir orgullosos que si aún queda un trabajador de la UNLP sin haber completado su instrucción básica, no es por falta de oportunidad. Lo mismo hicimos con la terminalidad de los estudios secundarios y además presentamos en el HCS un proyecto que luego de más de un año y medio de trámite se cristalizó en la Tecnicatura Superior en Gestión Universitaria, una carrera de estudios superiores orientada a que los trabajadores de la Universidad formalicen, consoliden, profundicen conocimiento y luego aporten a una mejor calidad de desempeño institucional.  

Desde mediados de 2004 participamos en la gestión de la Dirección de Servicios Sociales junto a los compañeros del gremio docente y la representación de la Presidencia de la UNLP, integrando el Directorio provisorio y protagonizando desde allí acciones orientadas a brindar más y mejor atención de salud a todos los aportantes y su grupo familiar a cargo, administrando responsablemente y con transparencia los recursos.  

El aporte de todos los compañeros que desde la vigencia “a medias” del Estatuto del 96 se integraron con voz solamente en algunos de los consejos académicos de la UNLP (Humanidades, Exactas, Naturales, Agrarias, etc.), ha evidenciado en muchas oportunidades que los trabajadores estamos en condiciones de asumir responsabilidades compartidas en los órganos colegiados. Y eso se refleja en algunas propuestas de las presentadas en la comisión “ad hoc” para la reforma del Estatuto. No es casual que quienes primero se manifestaron a favor de nuestra incorporación plena e igualitaria en el co-gobierno son aquellos consejos académicos que admitieron en su seno la presencia de la representación de los trabajadores. Tampoco es casual que quienes se expresaron en contra son los que se privaron a sí mismos de nuestro aporte, por aplicar la vigencia de los artículos del Estatuto del 86 ante la observación de los del 96. Entendemos que su posición no es irreductible, en un ámbito de discusión amplia y generosa en el que todos debemos comprometernos a aportar lo mejor de cada individuo, de cada sector, en beneficio de nuestra Universidad Pública. 

 La pregunta que no tiene hasta ahora una respuesta más allá de la cuestión semántica en el caso de los consejos académicos, es por qué no incorporar a los trabajadores no docentes en todos los órganos de gobierno, en forma plena, igualitaria y sin restricciones? 

Lamentaríamos profundamente que nuestra integración o no al cogobierno de la forma en que no sólo nosotros proponemos, fuera divisoria de aguas en el debate hacia la reforma del Estatuto. Deseamos que los graduados, los docentes y los estudiantes que van a protagonizar la próxima Asamblea Universitaria alcancen un consenso unánime sobre esta cuestión y sobre otras que no son menos importantes, en el camino de consolidar un proyecto de universidad pública al servicio del pueblo del que se nutre y al que se debe, una UNLP que nos contenga a todos. 

 

Queremos que nuestros compañeros trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, afiliados o no a este gremio, tengan la posibilidad de elegir a sus representantes en todos los órganos colegiados del gobierno universitario.  

Queremos que se garantice la posibilidad de representación a los numerosos trabajadores que se desempeñan en dependencias que no tienen actividad académica directa. 

Queremos poder participar a través de nuestros representantes en la elección de los directores, de los decanos, del Presidente de la UNLP.  

Queremos aportar, con nuestra opinión formada en el trabajo cotidiano, interactuando con los estudiantes, los graduados y los docentes, a la construcción de una Universidad Pública mejor, más grande, abierta y democrática. 

No queremos condicionar la resolución de este tema proponiendo un número determinado de representantes en cada órgano del cogobierno universitario. Hoy no votamos en ninguno de ellos y esperamos que los que sí lo hacen resuelvan con grandeza.     

 

     Mario Almanza  Sec. de Organización     

                                                                     

     Blas Cadierno  Secretario General 

                                                                      

 

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Jorge Julio Lopez

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